El Mandato de la Relatora Especial de la ONU

El informe de mayo 2026: «Violencia contra las Madres»

En mayo de 2026, la Relatora Especial, Reem Alsalem, presentó el informe temático A/HRC/62/49, titulado «La violencia contra las madres» . Este informe aborda una forma de violencia particularmente invisibilizada: la discriminación y violencia estructural que sufren las mujeres en su ejercicio de la maternidad.

¿Qué es y para qué sirve?

El mandato de la Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias es el primer mecanismo independiente de derechos humanos dedicado específicamente a eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo . Fue establecido el 4 de marzo de 1994 por la entonces Comisión de Derechos Humanos de la ONU (hoy, el Consejo de Derechos Humanos) .

Su finalidad es triple y profundamente transformadora:

  • Recabar y recibir información sobre violencia contra mujeres y niñas desde todas las fuentes posibles: gobiernos, organismos de tratados, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, incluidas las organizaciones de mujeres . Esto permite visibilizar realidades que los Estados suelen ocultar o minimizar.
  • Recomendar medidas concretas en los planos local, nacional, regional e internacional para eliminar todas las formas de violencia y reparar sus consecuencias .
  • Colaborar estrechamente con todos los mecanismos de derechos humanos y garantizar que la perspectiva de género y los derechos de las mujeres se integren de forma sistemática en el trabajo de las Naciones Unidas 

¿Quiénes deben acatarlo?

El mandato tiene un alcance político y social de gran calado: todos los Estados están exhortados a cooperar plenamente con la Relatora Especial, facilitándole información, atendiendo favorablemente sus solicitudes de visita y aplicando sus recomendaciones . Además, se alienta a organismos de la ONU como ONU-Mujeres y UNFPA, así como a la sociedad civil y al sector privado, a colaborar activamente con este mecanismo.

El informe aborda temas como el estigma, la marginación y la separación forzada de hijos e hijas que sufren muchas madres —especialmente las pobres, indígenas o que han sido víctimas de violación— al ser consideradas «no aptas» por sistemas de protección que las juzgan y castigan.

Para su elaboración, Alsalem solicitó aportes y contribuciones a organizaciones de todo el mundo, siguiendo el procedimiento habitual de consultas abiertas a gobiernos, tejido asociativo y sociedad civil . Este proceso participativo garantiza que el informe refleje las realidades diversas y no solo la visión de los Estados, incorporando las voces de las mujeres en el terreno.

El contexto mundial: amenazas y retrocesos

Hoy asistimos a una ofensiva global sin precedentes contra los derechos de las mujeres. Diversas fuentes coinciden en señalar que el auge de discursos de ultraderecha y fundamentalismos religiosos, junto con los recortes en la ayuda internacional, están produciendo un grave retroceso .

Los datos son alarmantes:

  • 800 mujeres mueren cada día por causas maternas completamente prevenibles .
  • Los recortes en programas de salud sexual y reproductiva pueden derivar en 17,1 millones de embarazos no deseados y 34.000 muertes prevenibles .
  • En América Latina, se perpetran once feminicidios por día, mientras se desfinancian las instituciones protectoras de derechos .

La salida de Estados Unidos de ONU-Mujeres y UNFPA es una amenaza directa para la igualdad de género y los derechos sexuales y reproductivos a escala global . Los derechos de las mujeres se están utilizando como «moneda de cambio» en negociaciones comerciales, sacrificando el acceso al aborto legal y seguro para obtener acuerdos económicos.

La urgencia de reivindicar los derechos sexuales y reproductivos

En este contexto, reivindicar y ampliar los derechos sexuales y reproductivos no es un lujo, sino una necesidad vital. Estos derechos son la base de la autonomía y la dignidad de las mujeres. Como señala la directora de la organización GIRE, los grupos antiderechos no solo actúan desde la sociedad civil, sino también desde Estados liderados por figuras que niegan el reconocimiento de las diversidades sexuales y las decisiones reproductivas .

La directora ejecutiva de UNFPA, Diene Keita, lanza un mensaje esperanzador pero contundente: el retroceso es más ideológico que real, pero «asustar a las mujeres para que abandonen su autonomía corporal es difícil» . Sin embargo, el peligro es real y Estados Unidos es un ejemplo del impacto devastador que tiene la criminalización del aborto en la vida de las personas.

El contexto venezolano

Venezuela no es ajena a estas dinámicas. Aunque no se menciona directamente en los informes de Alsalem de 2026, el país vive una crisis humanitaria compleja que agrava todas las formas de violencia contra las mujeres. La precarización de los servicios de salud, la falta de acceso a métodos anticonceptivos y el aumento de la pobreza impactan directamente en la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

Los retrocesos en derechos que se viven en la región —como la penalización absoluta del aborto en El Salvador, el desfinanciamiento de políticas de género en Argentina o la dificultad de acceso al aborto terapéutico en Perú — son un espejo en el que Venezuela debe mirarse para evitar repetir esos caminos. La «ofensiva antiderechos» mencionada por las expertas  también encuentra eco en discursos políticos locales que buscan restringir la autonomía de las mujeres.

Desde el Observatorio de Violencia Ginecobstétrica de Venezuela, el mandato de la Relatora Especial y sus informes temáticos son herramientas fundamentales para:

  • Visibilizar las violencias específicas que sufren las mujeres en el país.
  • Exigir al Estado venezolano el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.
  • Incorporar las recomendaciones de la ONU en las políticas públicas locales.

El informe «Violencia contra las madres»  es especialmente relevante en un contexto donde la crisis humanitaria ha convertido la maternidad en un acto de alto riesgo para miles de mujeres venezolanas, sin que existan políticas públicas efectivas de protección y acompañamiento.

La Relatora Especial nos recuerda que, pese a los retrocesos, la lucha por los derechos de las mujeres es imparable. Como señala Morena Herrera, activista salvadoreña, aunque no se logren cambios legislativos inmediatos, se ha «horadado la roca» de la conciencia colectiva . En Venezuela, como en el resto del mundo, la resistencia feminista y el uso de los mecanismos internacionales de protección son las herramientas más poderosas para defender lo conquistado y seguir ampliando derechos.

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